Exámenes médicos para el autotransporte enfrentan inconsistencias

Aunque en marzo pasado el sector del autotransporte celebraba el restablecimiento de los Autorizados registrados ante la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva del Transporte (DGPMPT), para la realización del examen psicofísico integral (EPI) del personal del transporte, el propio sector alertó sobre diversas inconsistencias y un lento avance en la apertura de nuevos puntos para realizar este proceso.

Con base en información obtenida por T21, al final de 2018 se tenían cerca de 400 médicos dados de alta ante la modalidad de Terceros Autorizados ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Después de darse a conocer el restablecimiento de este programa en marzo de 2021, apenas se tenían 19 médicos dados de alta al finalizar abril.

Lo anterior ha motivado que en las regiones fronterizas comiencen a enfrentar graves problemas, ya que de acuerdo con la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) de Estados Unidos, los operadores de autotransporte con licencia internacional tienen hasta el 31 de mayo próximo para cruzar por la frontera con documentación vencida.

“Se estima que existen alrededor de 9,000 operaciones con este tipo de licencia”, comentó a T21 un especialista en la materia que pidió no ser citado ante la complejidad del tema.

La necesidad de los operadores por renovar sus licencias en donde la aplicación del examen es una condición, ha motivado una alta demanda que ha sido aprovechada por los establecimientos que en este momento cuentan con la autorización.

“De acuerdo con el Reglamento de Medicina Preventiva, los autorizados pueden fijar libremente la tarifa del examen médico, pero es claro que el precio es coincidente en un precio de 2,500 pesos para autotransporte y 3,000 para personal aéreo, es decir, 36% y 63% más caro que la SCT”, destacó otro especialista consultado.

Otro factor que destacaron las fuentes consultadas es la irregularidad en la entrega de las autorizaciones. “Hemos contratado personal que tiene la experiencia necesaria para que capacite a nuestros médicos postulantes, y han obtenido por debajo de 80, cuando muchos de ellos son una eminencia en sus actividades”, enfatizó uno de los especialistas consultados.

De acuerdo con su versión, algunos médicos como los que les consta a ellos, las preguntas del examen para obtener la autorización no tienen que ver con el dictamen médico, “les preguntan temas como el porcentaje de obesidad infantil en México o a partir de qué porcentaje del IMC (índice de masa corporal) se puede hacer una cirugía bariátrica, cuando son temas que no tienen que ver con la función a desarrollar”, destacó.

Entre los puntos que se plantearon como área de oportunidad para restablecer la figura de Terceros Autorizados era que no se entregaran autorizaciones a médicos en lo individual sino a clínicas, no obstante, se tienen indicios y registros en donde los datos no corresponden a clínicas sino a médicos que operan a través de consultorios.

“Aunado a lo anterior tenemos versiones de operadores de autotransporte, e incluso me han llegado a ofrecer a mí las citas para los exámenes hasta en 5,000 pesos, por lo cual la Secretaría (SCT) debería atender esta situación”, aseveró el especialista consultado por T21.

Esta situación es de alertarse, pues fue precisamente el discurso de la corrupción por lo cual se canceló a mediados de 2019 esta figura.

Al finalizar abril se tenían 19 Terceros Autorizados, en mayo se agregaron 2 más, pero para la necesidad que se tiene en todo el país son muy pocos. “Tenemos conocimiento de que en Querétaro se tiene un médico autorizado, moveremos a operadores para que puedan realizar el examen”, comentó un transportista sobre esta situación.

Al arranque de 2021 y antes de restablecer la figura de Tercero Autorizado, se estimaba el rezago de EPI por realizarse era de 700,000, número que los especialistas consideran no ha avanzado sustancialmente.